Homero Bagnulo y Carlos Vivas
La relación de la sociedad, y en particular de los gobiernos con la ciencia y la tecnología es compleja. En el marco de la pandemia actual ha quedado de manifiesto el uso abusivo de recurrir a los científicos para justificar las decisiones gubernamentales. El leitmotiv de las autoridades es que su accionar está respaldado “por las mejores evidencias científicas”. Por tanto resulta de interés explorar en profundidad cuál es la solidez de ese fundamento. Para ello vamos a guiarnos por los comentarios de la Dra. Jana Bacevic, PhD en Sociología y Antropología de la Universidad de Cambridge, quien en una columna publicada en The Guardian se explaya sobre el tema.
Según Bacevic las relaciones entre ciencia, política y sociedad son más complejas de lo que se las presenta. En su nota la autora disputa la validez del enunciado “actuamos según la mejor evidencia científica disponible” cuando se lo examina desde el punto de vista de las autoridades políticas. En primer lugar porque no solo es frecuente sino imprescindible que los científicos tengan desacuerdos respecto a sus abordajes teóricos, metodologías y hallazgos, sin olvidar los sesgos de publicación que tienen los editores de las revistas de ciencia. Por tanto, para quienes no somos científicos nos resulta difícil justificar que “Esto Es Lo Mejor”.
La relación del establishment político con la comunidad científica nunca es inocente. Un ejemplo es el criterio adoptado para asignar fondos para la investigación. Los gobiernos democráticos deben justificar las razones para la asignación de los dineros públicos lo que los pone en la difícil situación de equilibrar la inversión entre la investigación básica y la innovación tecnológica. Otros factores que inciden en la selección de las instituciones de investigación son su prestigio e influencia social, aspectos que no logran ocultar su grado de coincidencia política con el mandatario de turno.
El método científico siempre comienza con la convicción profunda del investigador de “no saber lo suficiente”. Como señala de forma brillante Yuval Harari en “De animales a dioses”, el primer gran paso en la historia de la investigación científica fue asumir con humildad que no se sabía lo suficiente. Por ende, es de trascendental importancia quién y cómo se formula la primera pregunta. De esto depende la coordinación y alcance del proceso de investigación. En la actual situación es el poder político el que de acuerdo a su agenda formula la pregunta a sus asesores: ¿priorizar la salud de los que tienen mayor riesgo; priorizar el impacto económico o priorizar una mejor imagen pública? También importa tener claro cuáles son los aspectos que a los gobiernos no les interesa conocer: la mayor mortalidad de los más pobres o de las minorías étnicas, como está demostrado en Nueva York, Suecia e Inglaterra.
En este clima de medias verdades y cuasi mentiras hay algo que resalta: presentar como opuestos a la salud y a la economía es una falsa oposición. Solo quien desconoce las interrelaciones que hacen posible el funcionamiento de una sociedad puede sostener esta falacia.
La autora finaliza advirtiendo los riesgos que corren los asesores científicos cuando elevan sus recomendaciones a las autoridades. En caso que el resultado final sea contrario a sus predicciones, el establishment político se desentenderá señalando que “con humildad” se dejó guiar por los expertos. Pocos se enterarán que los científicos, aún en el error, se limitaron a responder las preguntas que les formularon los gobernantes y que debieron asumir las restricciones que les fueron impuestas. Las decisiones siempre son políticas, independiente de qué científico haya sido el asesor. La prudencia aconseja tener esto bien claro.